El gobierno volvió a meterse en un terreno delicado y esta vez el problema no pasa sólo por una reforma técnica del Código Penal, sino por el mensaje político que deja. Aparece justo cuando el Gobierno atraviesa semanas incómodas por denuncias, expedientes y sospechas que salpican a figuras centrales del oficialismo. Si ahora la reforma del Código Penal se concentra en castigar con más dureza al delito común, pero deja a la corrupción en una zona más blanda, el costo no será sólo parlamentario ni judicial. Hasta ahí, el Gobierno puede mostrar coherencia con su perfil de endurecimiento penal. Porque Milei construyó buena parte de su identidad política denunciando a la corrupción como una de las raíces más profundas de la decadencia argentina. No hace falta que la reforma diga de manera explícita que busca beneficiar a nadie: alcanza con que omita lo que antes prometía endurecer para que la contradicción quede expuesta. El problema de fondo para la Casa Rosada es que este giro toca una fibra sensible de la narrativa libertaria. Durante meses, el oficialismo habló de barrer con privilegios, de terminar con la impunidad de la política y de ir a fondo contra los responsables del saqueo del Estado. Por eso, cualquier gesto de moderación o retroceso en la pelea contra la corrupción se lee de inmediato bajo una lupa política. La nueva orientación impulsada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, apunta a endurecer penas para una larga lista de delitos comunes, pero dejó envuelta en dudas una cuestión que pega de lleno en el discurso de Javier Milei: qué va a pasar con los delitos de corrupción. La discusión explotó puertas adentro del oficialismo porque el proyecto integral que se venía trabajando desde hacía casi dos años fue corrido de la escena y reemplazado por otro enfoque, mucho más concentrado en subir castigos por robos, entraderas, salideras, delitos sexuales, grooming, explotación infantil, crimen organizado y otras figuras que golpean de lleno en la inseguridad cotidiana. Si eso se confirma en el texto final, el mensaje político sería fuerte: el Gobierno endurece por abajo, pero afloja por arriba. De todos modos, hay un matiz importante. Y para un Presidente que construyó poder a partir de denunciar a “la casta”, ese daño puede ser más serio de lo que parece. En el Congreso, donde la discusión recién empieza a calentarse, ya se anticipa un debate áspero. Y ahí ya no se discute sólo una ley: se discute la credibilidad del Presidente. Lo que trascendió en los últimos días es que el rediseño que empuja Mahiques no replicaría el criterio más duro que estaba previsto en el proyecto anterior para los delitos contra la administración pública. La oposición empezó a instalar que el proyecto “endurece abajo y recorta arriba”, una frase que resume bastante bien el eje de la polémica. Aún hay tiempo para virar el timón. Y esa sospecha no aparece en cualquier contexto. Desde el Ministerio de Justicia buscaron bajar el tono y aseguraron que todavía no hay una versión definitiva cerrada en lo referido a corrupción. Incluso, según la información que empezó a circular, también se evaluaría subir los montos mínimos para que se configure el delito de lavado de dinero, una cuestión especialmente sensible porque suele aparecer conectada a maniobras de corrupción. Será un costo de palabra.
